En el año 2018, el Comité de Derechos del Niño hizo una serie de recomendaciones a España, algunas de ellas son:

– Acelerar el proceso de desinstitucionalización, a fin de asegurar que la atención en centros de acogida se destine como último recurso.

– Asignar recursos humanos, técnicos y financieros adecuados a la promoción de la atención en familias de guarda y a mejorar y desarrollar las competencias de los padres y las familias de guarda y de los cuidadores profesionales especializados.

Pero dos años después, la situación a penas ha cambiado en la mayor parte de las Comunidades Autónomas.

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