Las familias de acogida siguen sin ser prioridad para los menores que se encuentren en centros residenciales.

La Comunidad de Castilla la Mancha ha anunciado que va a destinar €14,9 millones para el mantenimiento de 45 residencias con 394 plazas concertadas, para niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección, mientras no reorienta los recursos en cambiar el paradigma hacia un modelo de acogimiento familiar más beneficioso para los menores.

Esta política de la Comunidad de Castilla la Mancha ignora el mandato europeo a España para que adopte políticas integrales para impulsar el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección de menores frente al acogimiento residencial, tal y como establece la Ley Orgánica 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Especialmente grave es que en Castilla la Mancha haya 30 bebés, niños y niñas menores de 6 años creciendo en centros residenciales, algo específicamente no permitido por la Ley 26/2015. El pasado mes de mayo, el gobierno de Castilla La Mancha adquirió el compromiso, junto con el resto de las Comunidades Autónomas, de que en el año 2026 no habrá ningún menor de 6 años en centros y que en 2031 tampoco ningún menor de 10 años.

¿Por que esta resistencia al cambio cuando la Ley habla del derecho del niño a crecer en familia y los expertos en psicología infantil insisten en la necesidad de un entorno familiar para el pleno desarrollo de los niños y las niñas frente a las instituciones que despersonalizan y necesitan muchos recursos económicos?

ASEAF solicita al Gobierno de Castilla la Mancha:

  • Que se aborde una revisión urgente y profunda del sistema de protección a la infancia en la Comunidad de Castilla La Mancha, reorientando los recursos, tanto económicos como humanos, al apoyo e impulso del acogimiento familiar y el retorno de los niños, niñas y adolescentes con sus familias, cuando sea en su interés superior. Abordando así la obligación de desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial. Y sobre todo, garantizando que antes de que termine 2023 no habrá ningún niño menor de 6 años creciendo en un centro La Asociación llama también la atención al Gobierno autonómico, sobre los escasos apoyos a las familias de origen, en algunos casos incluso inexistentes, porque los recursos del sistema de protección se destinan en su mayoría al acogimiento residencial.
  • Hacen falta campañas de comunicación y captación de familias acogedoras, crear cultura de acogimiento en España y en concreto en la región de Castilla La Mancha, ya que los datos reflejan que tan solo un porcentaje ínfimo de la población conoce esta valiosa y necesaria medida de protección que es el acogimiento familiar.
  • Transparencia . Que se impulsen los mecanismos necesarios para exigir a Castilla la Mancha que haga públicas las cifras que permitan evaluar el sistema de protección y su evolución en cumplimiento de la Ley, mediante auditorías externas.

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