La figura del acogimiento familiar, que la ley marca que debe ser la prioritaria, continúa sin ser la principal opción, y las organizaciones de acogida de menores denuncian que los niñas, niños y adolescentes pasan demasiado tiempo institucionalizados. En 2020, el 73% de los menores que ingresaron en el sistema de protección fueron derivados directamente a un centro, mientras solo el 27% disfrutó del acogimiento familiar.
Las consecuencias que tiene para estos menores vivir durante años en centros y sin figuras de referencia son nefastas para su desarrollo.
En el caso de los adolescentes el problema se complica, porque se trata de centros abiertos en los que los menores entran y salen con libertad y sin la supervisión que pueden tener en un entorno familiar.
Para Arauz de Robles, “no se trata de mejorar el sistema, sino de tener la valentía de acometer un cambio radical que nadie se ha atrevido a realizar”. Además, la presidenta de ASEAF denuncia que, por el contrario, los datos sobre los menores tutelados se esconden. De hecho, lamenta que no haya campañas de sensibilización, ni de concienciación para impulsar el acogimiento familiar de estos menores vulnerables.
Las retirada de tutela a las familias es una medida temporal, y debería revertirse y restituir al menor a su familia biológica. Pero mientras eso no ocurre, el menor debería poder convivir con una familia, no en una institución. Sin embargo, “la realidad es muy distinta”
Muchos de estos menores son tutelados por el Estado porque viven en familias desestructuradas, en las que puede haber problemas de adicciones o de salud mental. “Pero una vez retirado el niño de ese ambiente, no se trabaja con la familia biológica para ayudar a su recuperación“, explica Arauz de Robles.
De hecho, tal como revelan los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales,en 2020 tan sólo once menores de cada cien retornaron a su familia de origen, un porcentaje similar a lo que ocurre año a año. “Es decir, la Administración decreta el desamparo del menor, lo mete en un centro, y la gran mayoría no sale en acogimiento familiar ni vuelve con su familia. Se quedan en un limbo”, denuncia Arauz de Robles.
El acogimiento familiar, afirma la presidenta de ASEAF, además de ser una medida de mayor protección para los menores, es económicamente eficiente. “El sistema de centros puede costar unas diez veces más que el acogimiento en familias”, señala.
Por eso desde ASEAF exigen que se ponga en marcha una comisión de expertos que analice los fallos del sistema y que proponga una reforma en profundidad, no un cambio cosmético. “Estamos en un momento que no podemos entender. Tienen la ley, están cubiertos legalmente. Tienen una presión por parte de Naciones Unidas para acometer cambios y además tienen los fondos europeos de los que una parte está destinado a la desinstitucionalización. Lo que falta ahora es voluntad y valentía“, concluye Arauz de Robles.
